En la sesión del Consejo de la Judicatura Federal en Quintana Roo, los magistrados, después de analizar las condiciones por las cuales la empresa Uber presta el servicio de transporte en el estado de Quintana roo, por unanimidad aprobaron el amparo para que los operadores de la plataforma presten servicio en forma legal.
A pesar de que los diferentes sindicatos de taxistas se oponen a que Uber preste servicio en Quintana Roo, después de un análisis minucioso a la situación legal del caso estuvieron de acuerdo en que las plataformas digitales no forman parte del servicio de transporte público y condijeron en que el servicio de transporte que prestan es privado por lo tanto, la Ley de Movilidad de Quintana Roo no tiene aplicación para el caso, ya que la misma solo considera el servicio de transporte público por lo que cualquier limitación, bloqueo o agresión a los servicios de Uber es inconstitucional.
Las características propias del servicio de transporte que presta Uber no corresponden al servicio público de transporte considerado en las leyes de Quintana Roo, por lo que las mismas son inconstitucionales y no pueden aplicarse para impedir que la plataforma pueda operar libremente en el estado, especificaron los magistrados durante la audiencia celebrada en la sede de la Procuraduría Judicial de la Federación en Cancún.
Los concesionarios del servicio público y los operadores de los taxis no serán afectados al aprobarse el amparo de Uber que la plataforma de servicio de transporte que opera Uber se debe regular en forma diferente a la estipulada en las leyes de Quintana Roo en la cual se requiere la autorización de una concesión otorgada por el gobierno del estado para poder brindar el servicio de transporte público, como es el caso de los taxis y su agrupaciones sindicales.
En un intento más por parte de los sindicatos de taxistas se presentaron dos solicitudes para evitar que el magistrado Jorge Mercado Mejía fuera excluido de participar en el análisis y la decisión definitiva para otorgar el amparo definitivo, sin embargo, los argumentos de los taxistas no fueron suficientes y el pleno del Consejo las desechó por improcedentes.
Por la parte actora, la empresa Uber demostró que es una empresa constituida como sociedad mercantil que tiene como objetivo brindar el servicio de transporte con chofer mediante dispositivos electrónicos y aplicaciones digitales, argumento que define que el servicio que presta Uber no se puede considerar transporte público y por lo mismo no requiere la concesión que exigen las autoridades del estado de Quintana Roo y considera la Ley de Movilidad.
En su ponencia, el magistrado Jorge Mercado Mejía, expuso que el servicio de transporte vía aplicaciones digitales en un modelo de negocio diferente al de concesiones por medio el cual operan los taxis, por lo que el servicio de plataformas no puede ser considerado servicio público, situación que ya ha sido analizada y revisada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los casos que se han presentado en otros estados de la república y las sentencias han sentado jurisprudencia para otorgar el amparo a Uber en el estado de Quintana Roo.
Por su parte, el magistrado José Antonio Belda Rodríguez, en su ponencia consideró que entrada y operación de los servicios de Uber en Quintana Roo no afecta a quienes prestan el servicio de transporte público y si permite una sana competencia al ofrecer más opciones de servicio para los usuarios.
Cabe señalar que la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo establece que todo servicio de transporte público debe operar por medio de una concesión, sin embargo, el servicio que ofrece Uber no es un servicio público, por lo que el amparo 334/2019 fue aprobado por unanimidad por los magistrados del Consejo de la Judicatura Federal en Quintana Roo.
Toda vez que el dictamen del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en Cancún, determina que la plataforma Uber no comete ninguna violación legal al prestar el servicio de transporte, los operadores de la misma podrán operar a partir de este momento en Quintana Roo sin una concesión.
Autoridades, empresarios del medio hotelero y una gran parte de los ciudadanos de Quintana Roo están muy atentos a las reacciones de los taxistas en los diferentes municipios del estado.
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