En su informe anual 2022 Human Rights Watch considera que las reformas legales aprobadas por el gobierno de México entre 2017 y 2018, hasta el momento, han sido lentas e ineficaces para combatir violaciones a los derechos humanos, la tortura y la impunidad permanecen impunes, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales, violencia de género y ataques contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos no han disminuido durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, consigna la organización internacional de derechos humanos.
La organización no gubernamental indica que el presidente de México ha colaborado con el gobierno de los Estados Unidos en la aplicación de políticas abusivas contra los migrantes de América Central aplicando la expulsión ilegal de migrantes y solicitantes de asilo.
López Obrador amplió considerablemente las atribuciones de las Fuerzas Armadas, al facultarlas con tareas de orden público, control de aduanas y migración irregular, así como la gestión de programas sociales y la operación de megaproyectos de infraestructura, creó la Guardia Nacional dirigida y operada por militares en tareas de seguridad pública, habilitándolos para detener a civiles, custodiar escenas del crimen y proteger evidencias, sin embargo, los agentes del Ministerio Público tienen recursos muy limitados para investigar desapariciones o identificar a responsables de las violaciones de los derechos humanos.
El informe indica que en México es común que las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos no obtengan justicia por la corrupción, falta de capacitación, recursos suficientes y complicidad entre agentes del Ministerio Público, defensora de oficio, delincuente y funcionarios abusivos. La organización no gubernamental “México Evalúa” indica que en México solamente el 5.2 % de los delitos cometidos son resueltos.
En los procesos judiciales es común que policías y agentes del Ministerio Público utilicen la tortura para obtener confesiones, existe hacinamiento en las cárceles las cuales son insalubres lo cual estándares internacionales de derechos humanos; los agentes del Ministerio Público continúan aplicando el arraigo para mantener a una persona detenida hasta 40 días con el fin de interrogarla sin presentar cargos. En 2021, el Congreso de la Unión derogó muchas de las disposiciones sobre derechos humanos establecidas en la reforma de 2018.
Durante los últimos años México ha hecho uso de las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia organizada y el narcotráfico lo que ha provocado muchos casos de violación de derechos humanos, en septiembre de 2021 la Secretaría de Defensa admitió que al menos 47 personas habían muerto o resultado heridas en acciones de las Fuerzas Armadas durante la presente administración federal. Entre 2013 y 2020, la CNDH recibió 3 mil 799 denuncias relacionadas con abusos militares.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, en su reporte del año 2016, último existente sobre el tema de tortura consigna una encuesta a más de 64 mil personas encarceladas en 338 centros penitenciarios en la cual dos de cada tres reportaron algún tipo de violencia física al momento de la detención, como descargas eléctricas, estrangulamiento y asfixia.
Hasta septiembre de 2021 familiares de personas desaparecidas, organizadas en más de 130 colectivos de búsqueda para investigar desapariciones, han tenido que recurrir a la excavación de clandestinas en busca de sus familiares; las autoridades mexicanas han reconocido públicamente que la cifra real de desaparecidos posiblemente sea mayor a 90 mil personas, desde el 2006. La policía, las fuerzas militares y las organizaciones delictivas son responsables de la mayor parte de esas desapariciones.
La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) indica que la mayoría de esas personas tienen entre 15 y 30 años, son de familias de bajos ingresos y más de 23 mil desaparecieron entre 2018 y 2022.
Se calcula que entre 2006 y 2020, aproximadamente 50 mil cuerpos quedaron en custodia de servicios de medicina forense sin ser identificados adecuadamente, los cuales, en su maypría fueron enterrados en fosas comunes. Entre 2006 y 2021, las autoridades indicaron haber encontrado al menos 4 mil fosas comunes.
Según el Comité para la Protección de los Periodistas y Reporteros sin Fronteras, México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, alcanzando niveles de asesinatos de los profesionales de la comunicación con países en guerra, como Siria y Afganistán.
En México periodistas y defensores de derechos humanos han sido víctimas de agresiones, persecución y vigilancia por parte de autoridades gubernamentales y organizaciones delictivas; en el año 2020 seiscientos noventa y dos periodistas fueron amenazados. Entre enero y septiembre de 2021 cinco periodistas fueron asesinados en circunstancias relacionadas con su trabajo, según un informe de la organización Article 19.
Entre 2010 y de 2021, la Fiscalía Especial Federal para delitos contra periodistas inició más de 3 mil 362 investigaciones, presentó 265 cargos por delitos y obtuvo 25 condenas, de ahí que una gran cantidad de periodistas recurren a la autocensura.
La defensa de los Derechos Humanos es otra de las actividades que ubican a México como uno de los países más peligrosos del mundo, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos atendió 10 asesinatos de defensores de derechos humanos.
Durante la actual administración federal cuatro periodistas han sido asesinados mientras recibían la protección del programa de protección a periodistas y defensores de los Derechos Humanos; en el mes de octubre de 2020 el gobierno eliminó el fondo que financiaba las medidas de protección, precarizando la situación financiera del mecanismo.
En materia de protección a migrantes, el gobierno del presidente López Obrador ha participado activamente en políticas de migración abusivas de Estados Unidos más de 71 mil solicitantes de asilo fueron excluidos de protección policial, no tuvieron acceso a justicia, trabajo, atención sanitaria o educación, al participar en el programa “Remain in Mexico” (Quédate en México), implementado por el gobierno de los Estados Unidos, por el cual López Obrador declaró que el gobierno de México obtuvo “muy buen resultado” del programa, a pesar de que expulsó a miles de solicitantes de asilo, muchos que fueron expulsados de Estados Unidos y transferidos a la custodia de autoridades mexicanas sin garantías de debido proceso.
Otra violación de los Derechos Humanos en México es que grupos del crimen organizado, delincuentes comunes, policías y funcionarios de migración roben, secuestren, extorsionen, violen o asesinen a migrantes que transitan por México, delitos rara vez denunciados, investigados o castigados.
Noticias El Rumbo del Caribe 
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