A menos de dos años de la administración estatal, el titular del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO), Luis Rodrigo Alcázar Urrutia, ha convertido esa dependencia estatal en una mina de oro a costillas de los contribuyentes, en complicidad con los diputados de morena en la XVII Legislatura.
La ambición de Rodrigo Alcázar no tiene límites ya que a partir del primero de enero de 2024 le quitará el ingreso por licencias de conducir a los once municipios del estado gracias a una reforma a modo que violenta el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acción secundada por el diputado José María Chacón Chable, presidente de la comisión de movilidad del Congreso del Estado.
Esta nueva reforma a la Ley de Movilidad de Quintana Roo que transforma el IMOVEQROO a una entidad recaudadora fue votada en contra por los diputados Julián Ricalde Magaña, Cinthya Millán Estrella y Candy Ayuso Achach quienes no aceptaron dicha reforma debido a que afectará el ingreso de los municipios del estado así como el bolsillo de los automovilistas ya que gracias a la iniciativa presentada por Rodrigo Alcázar y secundada por José María Chacón el costo de las licencias se incrementará en 290 pesos a partir del próximo primero de enero de 2024.
Entre los argumentos que expusieron los diputados de oposición a este atraco al bolsillo de los contribuyentes y las arcas de los once municipios, aprobado por la mayoría de los diputados de morena, el verde y el PT, está que los gastos de la expedición de las licencias estará a cargo de las direcciones de tránsito municipal en sus oficinas y con su personal, expuso Julián Ricalde, diputado del partido Fuerza por México quien agregó “Los que vayan a votar a favor tendrán que ser responsables de que le están quitando dinero a los municipios. Yo voy a votar en contra”.
Por su parte, la diputada Cinthya Millán del PAN expresó que la reforma “No es admisible, porque la ley General si establece la obligación de generar tarifas, una cosa es tarifas, y otra es el cobro, si ustedes revisan totalmente la Ley general de Movilidad, no existe la atribución conferida al estado por cobro. Hacer este cargo, si representa una afectación a los municipios”.
La diputada Candy Ayuso del PRI enfatizó que la reforma aprobada por la mayoría de morena y sus aliados viola el artículo 115 Constitucional, que será un golpe muy fuerte contra los municipios ya que ese ingreso está contemplado en planeación anual de los gobiernos municipales, así como que la función sustantiva del Instituto de Movilidad es normativa y en ningún artículo contempla la función recaudatoria.
Otro de los argumentos de los diputados opositores fue que la recaudación que realizará el IMOVEQROO perjudicará la ejecución de diversas obras y servicios de los municipios puesto que los ingresos municipales son mínimos y al arrebatarles el ingreso por licencias el daño será en detrimento del gasto operativo, perjudicando más a los municipios pequeños los cuales no cuentan con participaciones federales que suplan este rubro.
Los diputados de Morena, PVEM, y PT justificaron la defensa y aprobación a la iniciativa de Rodrigo Alcázar argumentando que los diputados de oposición interpretaron mal la reforma aprobada.
En la exposición de motivos por parte de Rodrigo Alcázar la reforma se alinea con la ley federal la cual faculta a los estados para expedir licencias de conducir y de esa manera mejorar la seguridad y la recaudación, eliminando esta responsabilidad de los municipios y centralizar el control de las multas mediante una plataforma digital que concentrará la información del estado para poder compartirla con las entidades para fortalecer la seguridad vial a nivel nacional.
Para justificar la pérdida de ingresos para los municipios al quitarles la expedición de las licencias el director de IMOVEQROO está elaborando los convenios con los 11 municipios para devolver en parte de la recaudación de las licencias, descontando sólo los costos administrativos ya que ese ingreso es uno de los más significativos para los municipios, en particular para Benito Juárez y Solidaridad.
Alcázar Urrutia destacó las ventajas y los objetivos que el IMOVEQROO está logrando con las recientes reformas a la Ley de Movilidad, tanto por la expedición de licencias como por la actualización y adecuación con respecto de la regulación de las plataformas de transporte privado y el servicio de mototaxis puesto que, en palabras de el mismo, la ley estaba “mocha” ya que no permitía mejorar el servicio del transporte urbano, atender las necesidades de los usuarios y priorizar al peatón en los proyectos de movilidad.
Ante los diputados de la XVII Legislatura Alcázar Urrutia confirmó que la iniciativa presentada y aprobada costó once millones 368 mil pesos que fue elaborada por la empresa Cali Mayor, misma que está desarrollando el estudio de prefactibilidad de conectividad de la estación del Tren Maya en el paradero Cancún-Aeropuerto con un costo de 24 millones 996 mil 840 pesos, proyecto para cubrir la demanda del servicio de transporte eléctrico en ese zona.
Llamó la atención que esta información no la dio a conocer Rodrigo Alcázar Urrutia el pasado 16 de octubre en su comparecencia ante el Congreso del Estado con motivo de la glosa del Primer Informe de Gobierno de la Gobernadora Mara Lezama, con lo cual el director del IMOVEQRO demostró una violación a su responsabilidad de transparencia en la información oficial así como los integrantes de la Décima Séptima Legislatura faltaron a sus deberes constitucionales al permitir el ocultamiento de información de un gasto de más de 11 millones de pesos para elaborar una ley que representa una violación al artículo 115 Constitucional.
Esta nueva reforma legal demuestra que el titular de IMOVEQROO, Rodrigo Alcázar Urrutia, está dedicado a recaudar recursos económicos sin límite puesto que a su paso como director de Tránsito y de Transporte, así como de Vialidad en el municipio de Benito Juárez, se hizo famoso por la gran corrupción que imperó en esas instancias municipales, así como el cobro de cuotas y extorsiones que se institucionalizaron, condiciones que se repiten ahora en el gobierno del estado gracias al nombramiento que le dio la gobernadora Mara Lezama y le permite seguir operando con total impunidad.
En Cancún es un secreto a voces que Alcázar Urrutia mantiene el control en esas direcciones municipales que dejan millonarias ganancias, entre las que se cuentan la cuota de 20 mil pesos por ingresar para moto patrulleros y mototaxistas en zonas irregulares, así como dos mil pesos mensuales que cobra a través de sus cómplices, quienes recaudan el pago de aproximadamente 20 mil unidades en Cancún. El negocio es tan productivo que nadie se escapa de la mano férrea del director de IMOVEQROO, Rodrigo Alcázar, quien también tiene en su lista de clientes preferidos a los poderos sindicatos de taxistas del estado, los cuales aportan una cuantiosa cuota directa estipulada desde el instituto.
Pero como la ambición de Rodrígo Alcázar no tiene límite, por medio de su testaferro, representante del IMOVEQROO en Playa del Carmen, __, implementaron el mismo sistema de cuotas a los mototaxistas que operan en la zona de Villas del Sol a quienes a cambio de 20 mil pesos de inscripción les pegan un supuesto código QR en sus unidades, código que al ser escaneado no abre ninguna página del IMOVQEROO, y al no recibir ningún comprobante oficial los operadores se trasladaron a Chetumal para denunciar esta irregularidad y abuso por parte de los funcionarios estatales en el Congreso del Estado, sin que hasta la fecha les hayan dado una respuesta a su demanda.
Mientras tanto, Rodrigo Alcázar ya está diseñando la siguiente reforma a la Ley de Movilidad, por medio de la cual pretende imponer el uso del taxímetro en todo el estado, lo cual dio a conocer que será en una fecha cercana, por lo que de una vez aviso que “Desde la última reforma que se hizo, ya se hablaba de esta modalidad de cobro. No se elimina la otra; simplemente hay que ir viendo dónde puede funcionar mejor el taxímetro, que prácticamente es el cobro por kilómetro con un banderazo de salida”, explicó.
El camino que lleva Luis Rodrigo Alcázar Urrutia es bastante amplio en actos de corrupción puesto que al tipo no le alcanza el salario que le autorizó la Gobernadora Mara Lezama, de 146,267.25 pesos mensuales, por lo que el director de IMOVEQROO se ve obligado a completar el chivo con las cuotas, extorsiones y acuerdos oscuros que acostumbra realizar.
Como es el caso de lo que a sucedido en Solidaridad con su encargado David Armín Cosgaya Mena, quien incluso tras triquiñuelas aún siendo dueño de su propia concesión de taxi, mismo que lo impediría para fungir como director de IMVQRRO se a dedicado a sacar dinero hasta debajo de las piedras.
Tiempo al Tiempo al Rey Midas de la extensión y sus secuaces.
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