El Congreso del Estado de Quintana Roo ha aprobado un nuevo impuesto sobre la venta de inmuebles, generando controversia entre los ciudadanos. La iniciativa, propuesta por la gobernadora María Elena Hermelinda «Mara» Lezama, establece un gravamen del 5% sobre el total de la venta de cualquier propiedad inmobiliaria en la entidad.
Conocida en redes sociales como «Gobierno de la Recaudación», la administración de Lezama ha sido criticada por implementar esta nueva carga fiscal. Según la gobernadora, el impuesto busca generar recursos que serán de beneficio para los quintanarroenses, aunque no se ha especificado con claridad a qué programas o iniciativas se destinarán estos fondos.
Los ciudadanos han expresado su preocupación y escepticismo respecto al destino final de los recursos recaudados, cuestionando la transparencia y el uso de estos nuevos ingresos. «¿Ahora y ese recurso a dónde irá a parar? porque la propuesta de la gobernadora morenista solo dice que será de beneficio para los quintanarroenses, quizás para ella (Hermelinda) y su familia», se lee en uno de los comentarios compartidos en redes sociales.
La aprobación del impuesto por los diputados de la XVII Legislatura local marca un hito en la política fiscal del estado, que ahora deberá enfrentar el reto de ganarse la confianza de la población y demostrar el impacto positivo de esta nueva medida impositiva.
Tras reforma aprobada por el Congreso de Quintana Roo, Brokers pagará el 5% de impuesto en cada transacción de venta inmobiliaria
El artículo 22 de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo establece que «los contribuyentes que obtengan ingresos por la enajenación de bienes inmuebles deberán pagar un impuesto del 5% sobre la base gravable determinada en cada operación.
El Congreso de Quintana Roo aprobó una reforma integral a diversas disposiciones legales para los intermediarios de bienes raíces y que tiene como objetivo fortalecer el marco legal en torno al pago del impuesto cedular por la enajenación de bienes inmuebles.
La reforma incluye modificaciones en la Ley de Hacienda del Estado, el Código Fiscal, la Ley de Valuación, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley del Servicio de Administración Tributaria, la Ley de Catastro y la Ley de Derechos del Estado. Esta amplia gama de cambios busca asegurar que todos los actores del mercado inmobiliario contribuyan de manera equitativa al erario estatal.
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