La empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakán) y sus principales directivos, encabezados por Paul Andrew Rangel Merkley, enfrentarían una demanda por presunto lavado de dinero, proceso que comenzará en marzo tras la denuncia presentada por el Gobierno del Estado ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El caso no solo involucra a los directivos de Aguakan, sino también a exfuncionarios del gobierno de Roberto Borge, quienes habrían utilizado recursos de procedencia ilícita para garantizar pagos por mil millones de pesos ante la Comisión de Agua Potable. Dichos fondos posteriormente desaparecieron.
Por su parte, Aguakan acusa al gobierno de Mara Lezama de una «persecución jurídica» en su contra, en un intento por desacreditar la investigación y conservar la concesión en los municipios de Solidaridad, Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos. Sin embargo, el proceso legal avanza.
El próximo 3 de marzo, Rangel Merkley y varios accionistas, algunos ya amparados, comparecerán ante el Centro de Justicia Penal de Quintana Roo en una audiencia de formulación de imputación y posible vinculación a proceso. Aunque cuentan con una suspensión contra orden de detención, el juicio podría extenderse durante meses o incluso años.
Un proceso judicial en desarrollo
En 2023, el Congreso de Quintana Roo aprobó el retiro de la concesión de Aguakán, vigente hasta 2053, tras detectar múltiples irregularidades. No obstante, la empresa logró una suspensión definitiva argumentando fraude procesal.
El juicio penal contra Rangel Merkley se remonta a enero de 2024, cuando la compañía obtuvo la suspensión del Decreto 195, el cual cancelaba su contrato de suministro de agua potable. Durante el proceso, el directivo fue acusado de falsedad de declaraciones, ya que su testimonio resultó clave en el juicio de amparo promovido por Aguakán para seguir operando.
Legisladores en el ojo del huracán
Un reportaje del periodista Mario Millán en 2023 reveló que diputados de la XIV Legislatura permitieron que Aguakán obtuviera ganancias adicionales por 17 mil millones de pesos, afectando a cientos de miles de usuarios y generando un complejo problema legal para el Gobierno del Estado.
Entre los legisladores que aprobaron la ampliación de la concesión en 2014 figuran Marybel Villegas, Mario Machuca Sánchez, Juan Luis Carrillo Soberanis, José Luis Toledo Medina, Susana Hurtado Vallejo, Remberto Estrada Barba y Pablo Fernández Lemmen Meyer, entre otros. Algunos de ellos hoy buscan nuevos cargos en diferentes partidos.
A pesar de las críticas y el rechazo ciudadano hacia Aguakán, la empresa continúa defendiendo su concesión con todos los recursos legales a su alcance. Mientras tanto, la población sigue sufriendo las consecuencias de un servicio deficiente y tarifas elevadas, situación que ha llevado a algunos a exigir la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Mara Lezama para solucionar el conflicto.
El debate sobre la permanencia de Aguakán sigue abierto, con una fuerte presión social que podría influir en el futuro de la empresa en Quintana Roo.
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