El Gobierno de México está apoyando a Quintana Roo en el análisis financiero que implicaría la revocación de la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado, actualmente en manos de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), conocida comercialmente como Aguakan.
La gobernadora Mara Lezama Espinosa dejó claro que el objetivo del juicio contra DHC no es ceder la operación del servicio a otra compañía, sino responder a las múltiples irregularidades detectadas y cumplir con el mandato ciudadano expresado en la consulta de 2022.
“Este litigio es crucial porque estamos defendiendo la voz del pueblo. Basta con preguntarle a la ciudadanía qué opina del servicio. La respuesta está en la indignación popular por la falta de abastecimiento, los cortes de agua, las fugas mal reparadas, los cobros excesivos y la contaminación del agua”, afirmó.
Sin acuerdos «en lo oscurito»
Ante la postura de Aguakan de aceptar una terminación anticipada de la concesión, la gobernadora subrayó que no se permitirá un acuerdo en lo “oscurito” y que el proceso debe ser transparente y con una valuación justa.
Por ello, el gobierno estatal ha solicitado el apoyo de la Federación para analizar el impacto financiero de esta medida y ha pedido la intervención de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para determinar qué instancia asumiría la operación del servicio en caso de revocación.
“Hemos pedido el respaldo de la Federación para coordinar este proceso de manera transparente. Conagua nos ayudará a definir la mejor opción para garantizar que el agua llegue a los hogares, porque el acceso al agua es un derecho”, concluyó Lezama.
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