La reforma, impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, busca transformar la CURP, tradicionalmente un código alfanumérico, en un documento oficial de identidad que incorpore datos biométricos como huellas dactilares, fotografía facial y, en algunos casos, escaneo del iris. Este nuevo formato, que será obligatorio en diversos trámites públicos y privados a partir de 2025, tiene como objetivo principal fortalecer la seguridad en la identificación de los ciudadanos, combatir el robo de identidad y agilizar procesos administrativos, además de apoyar la búsqueda de personas desaparecidas, un problema crítico en México con más de 125,000 casos registrados.
La Plataforma Única de Identidad, administrada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y vinculada al Registro Nacional de Población (Renapo), centralizará datos de múltiples fuentes, incluyendo registros de salud, educación, telecomunicaciones, servicios financieros, transporte y hasta bases religiosas o de seguridad social, permitiendo consultas en tiempo real y la generación de alertas inmediatas para localizar personas.
La iniciativa, aprobada con 20 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones en las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos, también establece la integración de la CURP biométrica con sistemas como el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, eliminando el periodo de espera de 72 horas para iniciar investigaciones.
Sin embargo, la oposición, encabezada por figuras como Ricardo Anaya del PAN, ha advertido sobre los riesgos de vigilancia masiva, argumentando que la centralización de datos biométricos y el monitoreo en tiempo real podrían facilitar un control estatal excesivo, comprometiendo la privacidad y los derechos humanos. Organizaciones civiles y expertos en derechos digitales han señalado que, aunque la recolección de datos requiere “consentimiento”, la obligatoriedad de usar la CURP para acceder a servicios básicos anula la libertad de elección, creando una coerción implícita.
Además, se han expresado preocupaciones sobre la exclusión de grupos vulnerables, como adultos mayores o personas con discapacidades, cuyas características biométricas podrían dificultar su identificación, y sobre la vulnerabilidad de una base de datos centralizada ante hackeos o usos indebidos, especialmente en un país con antecedentes de filtraciones de datos.
El trámite para obtener la CURP biométrica, que ya se implementa de manera piloto en Veracruz, es gratuito y requiere acudir al Registro Civil con documentos como acta de nacimiento certificada, identificación oficial, comprobante de domicilio y un correo electrónico, además de la captura de datos biométricos en un proceso de aproximadamente 20 minutos.
La Secretaría de Gobernación tiene 90 días para establecer la plataforma y 120 días para integrar los datos biométricos de menores, con sanciones previstas para autoridades que no cumplan con estas disposiciones. Aunque la reforma promete modernización y eficiencia, el debate sobre el equilibrio entre seguridad, tecnología y privacidad continúa, con el pleno del Senado aún por decidir su aprobación final.
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