En lugar de ofrecer una explicación institucional o asumir responsabilidad ética, la regidora del Ayuntamiento de Cozumel, María del Carmen Cruz Zúñiga, optó por emitir un comunicado en tono personal para blindarse frente al escándalo provocado por la detención de su hijo, conocido en redes sociales como L1, acusado de robo en Playa del Carmen.
El joven, de 30 años, fue arrestado como presunto responsable del hurto de equipo tecnológico al youtuber “Soy Tribu”. El caso atrajo atención mediática no solo por tratarse de un creador de contenido, sino porque el presunto responsable es hijo de una funcionaria pública en funciones.

Cruz Zúñiga difundió una carta pública en la que recurre al dolor materno para justificarse. En el texto asegura que su hijo es independiente, que ella no interferirá en las investigaciones y que, al contrario, fue quien lo entregó a las autoridades. Sin embargo, lo que muchos interpretan como un acto de responsabilidad, también puede leerse como una estrategia para blindarse frente a cualquier consecuencia política.
📌 «La regidora apela a la empatía ciudadana, pero no explica si previamente intentó intervenir o por qué solo hasta que el caso se hizo público actuó para entregarlo», señaló un activista de Cozumel que pidió anonimato.
Críticas en redes sociales no se hicieron esperar. Para muchos, el comunicado es un intento de desviar la atención del escándalo con un relato emocional, y de evitar cuestionamientos sobre el uso de influencias o posibles privilegios institucionales. La funcionaria insiste en que su papel como madre no debe confundirse con su cargo, pero ignora que los actos de sus familiares sí pueden reflejarse en su imagen pública.
👤 «No queremos ver lágrimas, queremos transparencia. ¿Qué pasa con los hijos de madres que no son regidoras? A ellos no los tratan igual», escribió un usuario en Facebook, donde el tema se volvió tendencia local.
Hasta ahora, no hay una postura del Ayuntamiento ni se ha informado si se abrirá alguna investigación interna sobre posibles vínculos de protección institucional. El joven permanece detenido, pero el intento de la regidora por cerrar el caso desde la narrativa personal parece más un blindaje que un acto de rendición de cuentas.

Deja un comentario