En medio de una aparente disputa ambiental y jurídica, se confirma lo que muchos en Cozumel ya sospechaban: el gobierno de Quintana Roo está detrás de un nuevo muelle de cruceros en la isla, el quinto, y todo indica que su construcción es cuestión de tiempo, no de debate.
Lejos de tratarse de una coincidencia, el proyecto aparece detallado en la página 206 del Plan Maestro de Desarrollo Portuario de la Administración Portuaria Integral (API) de Quintana Roo, donde se propone la ampliación de la terminal de transbordadores hacia el norte de la isla para construir un muelle especializado en cruceros. Este nuevo muelle competiría directamente con el que impulsa desde hace años la empresa privada Muelles del Caribe S.A. de C.V., cuya concesión federal fue autorizada en 2021, con una inversión comprometida de casi mil millones de pesos.
La jugada del gobierno no es menor: mientras se frena el proyecto privado bajo el argumento de supuestos impactos ambientales, el Estado avanza con su propio muelle, amparado en una concesión exclusiva sobre todos los frentes de agua de la entidad. Esta concesión fue modificada y ampliada mediante el Quinto Addendum al título otorgado a la API, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2023. Así, el gobierno estatal —a través de un organismo ahora bajo control de la Secretaría de Marina— se convierte en árbitro y jugador en el negocio portuario.
Pero el argumento ambiental también se tambalea. El mismo plan estatal reconoce que la franja costera donde se planea construir no alberga vida marina significativa. Se trata de una plataforma de 250 metros que cae abruptamente a un cantil de más de 300 metros de profundidad. ¿Entonces por qué sí al proyecto estatal y no al privado?
Todo parece indicar que la oposición al muelle privado no fue por razones ecológicas, sino políticas y económicas. El gobierno quiere el negocio para sí, y lo está consiguiendo.
A esto se suma un dato aún más inquietante: el llamado cuarto muelle, promovido directamente por la Federación, ya no puede ser detenido. Cambios recientes a la Ley de Amparo, Ley de Expropiación y otras normas sobre obras públicas han eliminado casi todos los recursos legales que podrían frenar una obra federal. En otras palabras, ni ambientalistas, ni empresarios, ni jueces podrán parar lo que ya fue decretado desde el centro.
La comunidad empresarial y turística de Cozumel —una de las más afectadas— exige transparencia, piso parejo y una discusión real sobre el futuro de la isla. Pero hasta ahora, el gobierno ha respondido con documentos escondidos entre cientos de páginas técnicas y un silencio que confirma lo evidente: el quinto muelle no es una posibilidad, es un hecho en curso.
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