El Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito asestó un duro golpe a la estrategia judicial impulsada por el gobierno de Layda Sansores, al declarar fundada la queja 411/2025 presentada por el periodista Jorge Luis González Valdez y la empresa Organización Editorial del Sureste, S.A. de C.V., editora del periódico Tribuna Campeche.

Ambos habían sido objeto de medidas cautelares que les prohibían ejercer su labor informativa durante dos años, una acción que diversos sectores calificaron como un intento directo de censura gubernamental.
La controversia se originó tras la negativa del Juzgado Primero de Distrito en Campeche de conceder la suspensión provisional en el juicio de amparo 748/2025-III-A, con el argumento de que tales restricciones no son susceptibles de suspensión según el artículo 128 de la Ley de Amparo. Sin embargo, el Tribunal Colegiado corrigió esa interpretación al considerar que vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho al trabajo y el acceso a la justicia.




Los magistrados argumentaron que las medidas contra el periodista y el medio eran desproporcionadas y atentaban contra lo establecido en los artículos 5, 6 y 7 de la Constitución Mexicana. Subrayaron que existían otras vías legales menos lesivas para proteger a la presunta víctima sin necesidad de silenciar a un medio de comunicación completo.
Además, el tribunal advirtió que el juez de amparo actuó con rigidez, sin aplicar criterios de excepción señalados por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 62/2016, que obliga a analizar el impacto real de las medidas cautelares sobre los derechos humanos.
Con esta resolución, el tribunal concedió la suspensión provisional con efectos restitutorios, permitiendo que el periodista y la empresa retomen sus labores mientras se resuelve el juicio principal. La decisión no pone fin al proceso legal, pero representa un precedente contundente en defensa de la libertad de prensa en Campeche.
El fallo fue unánime y estuvo a cargo de los magistrados Christian Omar González Segovia, Miguel Ángel González Escalante y Gilberto Noé Martín Pat Betancourt, este último como ponente, con certificación de la secretaria María del Rosario Franco Rosales.

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