“¿Desde cuándo acompañar a los padres es un delito?”: madres responden al acoso del Ayuntamiento de Tulum

El municipio vuelve a estar en el ojo del huracán tras un episodio que exhibe la falta de sensibilidad y el autoritarismo con que opera el Ayuntamiento encabezado por Diego Castañón Trejo, a través de su personal de fiscalización y del Grupo de Atención a la Violencia (Geavi).

Una mujer, vendedora ambulante de chicharrones, denunció ser víctima de acoso constante por parte de inspectores municipales, quienes insisten en obstaculizar su trabajo. La situación escaló cuando fue acusada de explotación infantil, lo que derivó en la intervención de una patrulla del Geavi que intentó llevarse a dos menores: su hija y su sobrina.

Las niñas, que acababan de salir de la escuela, únicamente estaban ayudando a vender frente al supermercado Súper Akí. Sin embargo, el operativo se convirtió en un acto de intimidación que dejó un profundo daño psicológico en las menores y un fuerte sentimiento de indignación en la comunidad.

Fueron justamente los testigos quienes evitaron que los elementos se llevaran a las niñas, dejando en evidencia la falta de criterio y la brutalidad con que pretendían actuar. La propia madre aclaró que jamás ha incurrido en explotación infantil, sino que, como sucede en muchos hogares mexicanos, sus hijas le acompañan porque no tiene con quién dejarlas después de clases.

Para intentar contener el escándalo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana difundió un comunicado oficial que, lejos de aclarar, terminó por exhibir la improvisación y la falta de preparación de los elementos del Geavi y del propio Ayuntamiento. El texto, mal redactado y débil en argumentos, intentó justificar lo injustificable: la criminalización de una madre trabajadora.

Las mujeres afectadas fueron contundentes en su respuesta:
❓ “¿Desde cuándo acompañar a los padres es un delito?”, reprochan, al denunciar que si salen a vender es por necesidad económica en un municipio donde la llamada “transformación” parece no haber llegado.

Mientras tanto, el hostigamiento hacia los vendedores ambulantes sigue siendo una práctica común en Tulum, alimentando la percepción de que el gobierno local, en lugar de apoyar a las familias que buscan sobrevivir a la crisis, opta por reprimirlas.