El Juzgado Quinto de Distrito en Quintana Roo declaró en evidente desacato al titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), Óscar Rébora, por incumplir una sentencia federal que ordenó dejar sin efecto la autorización ambiental del proyecto «San Mex» y someterlo a consulta pública.
La resolución, emitida el pasado 23 de junio, deriva del amparo promovido por la comunidad de Playa del Carmen y respaldado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), luego de que un Tribunal Colegiado determinara que la SEMA violó el derecho de la ciudadanía a participar e informarse antes de autorizar el proyecto.
De acuerdo con el director ejecutivo del CEMDA, Gustavo Alanís, la dependencia intentó justificar el incumplimiento mediante una «Manifestación de Imposibilidad Material y Jurídica», argumento que fue rechazado por el juzgado al considerar que carece de sustento legal.
El juez advirtió que la SEMA deberá cumplir la sentencia en un plazo improrrogable de tres días. De lo contrario, el titular de la dependencia podría enfrentar una multa de 26 mil 981 pesos y el expediente sería enviado al Tribunal Colegiado para iniciar un procedimiento de inejecución de sentencia, que incluso podría derivar en la separación del cargo y la consignación de los funcionarios responsables.
Además, Alanís recordó que el incumplimiento doloso de una sentencia de amparo constituye un delito sancionado con penas de cinco a diez años de prisión, multas e inhabilitación.
La resolución también requirió formalmente a la gobernadora Mara Lezama para que, como superior jerárquica de la SEMA, ordene el cumplimiento de la sentencia. El juzgado señaló que no basta con enviar un oficio a la dependencia, sino que debe acreditar que utilizó todos los mecanismos legales para obligar a sus subordinados a acatar el fallo.
Para el CEMDA, la actuación de la SEMA refleja una falta de voluntad institucional para garantizar el acceso a la información y la participación ciudadana en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental.
El proyecto «San Mex» contempla la construcción de un centro de mantenimiento y una planta de tratamiento de aguas residuales en Playa del Carmen. La justicia federal ordenó anular el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), realizar la consulta pública correspondiente y emitir una nueva resolución únicamente después de escuchar a la ciudadanía.
El organismo ambientalista hizo un llamado a la SEMA para acatar de inmediato la sentencia y a la gobernadora Mara Lezama para supervisar de manera efectiva su cumplimiento, en apego a la Ley de Amparo, al Acuerdo de Escazú y a los compromisos internacionales de México en materia de justicia ambiental.
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