Señalan a la diputada del PVEM por presuntamente no reportar una participación empresarial y un inmueble valuado en más de 2.7 millones de pesos; el Órgano Interno de Control deberá investigar los señalamientos.
Chetumal, Quintana Roo.– La diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), María José Osorio Rosas, conocida como Majo Osorio, fue denunciada ante el Órgano Interno de Control (OIC) del Congreso de Quintana Roo por presuntas irregularidades en sus declaraciones patrimoniales, relacionadas con la supuesta omisión de una participación empresarial y un bien inmueble en Playa del Carmen.
De acuerdo con el documento presentado ante el órgano de control de la XVIII Legislatura, la legisladora presuntamente habría dejado fuera de sus declaraciones información sobre su participación en la empresa Grupo Taquerías El Muñe del Sureste, sociedad mercantil vinculada con establecimientos comerciales en Quintana Roo.
Otro de los señalamientos se relaciona con un inmueble ubicado en el fraccionamiento residencial La Toscana, sobre la calle Cerrada Paseo de Segovia, en Playa del Carmen, identificado con la clave catastral 20070300000000056414.
Según los datos expuestos en la denuncia, la propiedad tendría un valor estimado de 2 millones 778 mil pesos, mientras que su adquisición habría representado un monto de 2 millones 222 mil 400 pesos.
Los promoventes consideran que estas posibles omisiones podrían representar incumplimientos a las obligaciones establecidas en los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, referentes a la presentación de declaraciones de situación patrimonial y de intereses.
La denuncia fue recibida por el Órgano Interno de Control, instancia que deberá revisar la documentación aportada, verificar la información y determinar si existen elementos para iniciar una investigación o un procedimiento de responsabilidad administrativa.
Hasta el momento, los señalamientos forman parte de una denuncia y no constituyen una resolución que acredite responsabilidad de la diputada. Corresponderá a la autoridad competente esclarecer los hechos y determinar si existió alguna irregularidad en sus declaraciones patrimoniales.
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